IA y acceso a la justicia en México: democratizar el derecho

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho de toda persona a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. En la práctica, este derecho está condicionado por la capacidad económica del ciudadano para pagar un abogado competente. La inteligencia artificial tiene el potencial de reducir esta brecha.

La realidad del acceso a la justicia en México

Millones de mexicanos no pueden pagar representación legal privada. Los defensores de oficio están sobrecargados de trabajo. Los ciudadanos que intentan resolver asuntos legales por sí mismos enfrentan una legislación compleja distribuida en cientos de leyes. El resultado es que muchos derechos no se ejercen simplemente porque la persona no sabe que los tiene o no puede pagar a alguien que los haga valer.

Cómo la IA puede ayudar

La inteligencia artificial aplicada al derecho no solo beneficia a los abogados, puede beneficiar directamente a los ciudadanos y a las instituciones de justicia.

Para los abogados pro bono y defensores de oficio, la IA reduce el tiempo de investigación, permitiéndoles atender más casos con los mismos recursos. Un defensor de oficio que usa IA puede investigar un caso en una hora en lugar de cuatro, cuadruplicando su capacidad de atención.

Para las organizaciones de asistencia legal, las herramientas de IA permiten hacer un triage inicial de casos, identificando rápidamente cuáles tienen fundamento legal y cuáles necesitan orientación hacia otros mecanismos.

El equilibrio necesario

Es importante señalar que la IA no sustituye al abogado en el acceso a la justicia. Lo que hace es amplificar la capacidad de los abogados existentes y reducir las barreras de información. Un ciudadano que entiende sus derechos básicos gracias a una herramienta de IA está en mejor posición para buscar representación legal adecuada.

La democratización del conocimiento legal no significa que cualquiera pueda ser su propio abogado. Significa que más personas pueden acceder a la información necesaria para ejercer sus derechos y tomar decisiones informadas sobre su situación legal.